A todo el ruido existente en el panorama político patrio, se le suma la problemática con los funcionarios

La situación actual en España atraviesa una situación de polaridad, desasosiego, enfrentamiento y muchas otras cosas que no llego a poder definir, cuando hablamos del aspecto político. Por eso muchos optamos por desconectar si se tocan temas más banales. Pero hay momentos en que, si te paras a pensar un poco, te das cuenta que es difícil aceptar algunas situaciones.

El culebrón de la asistencia sanitaria a los funcionarios es la última piedra en el zapato para el gobierno. Vaya por delante que mi posición no me permite enfocarlo desde un prisma médico sino puramente económico, que es el que aquí se plantea, y la causa del desacuerdo.

Como sabrán, más de dos millones de personas de las mutualidades de funcionarios MUFACE, ISFAS y MUGEJU están pendientes de que se renueve el acuerdo de asistencia sanitaria que, cada dos o tres años, debe firmarse. Se trata de miembros de la Administración General del Estado, inspectores de Hacienda, docentes de primaria, secundaria y universidades, miembros de Ejército y Guardia Civil, jueces, fiscales y otros funcionarios de la Administración de Justicia.

El plazo se acaba el 31 dic (ó 31 enero si se lleva al extremo) y, de hecho, el Gobierno ya ha acordado una propuesta económica, que es insuficiente para las tres entidades privadas que la prestaban hasta ahora (+17% frente a +40% necesario).

La inflación de los últimos años, incluyendo aumento de costes laborales y suministros hospitalarios, etc… no han hecho sino poner la puntilla a un sistema que, además, ha vivido la presión del post-covid, en forma de mayor número de usuarios nuevos, pruebas diagnósticas y tratamientos pospuestos.

¿Quién se ve afectado? Sin duda, los funcionarios (más de dos millones). Su asistencia sanitaria depende de ello. No podrán elegir ser atendidos por alguna alternativa privada si lo desean, ya que así se acordó en su momento. Pero no solamente ellos, sino también los médicos, clínicas privadas y demás proveedores de atención sanitaria. Si no hay renovación de convenio, muchos de estos actores verían comprometida su continuidad.

Y de manera indirecta, si todos esos ciudadanos, hoy bajo el paraguas de las aseguradoras privadas, tuvieran que recibir asistencia en la sanidad pública, no me quiero ni imaginar lo que podría pasar a una estructura ya debilitada por la sobrecapacidad existente, con largas listas de espera en muchas de las especialidades.

Quiero ser positivo y pensar que se presenta una oportunidad de oro para “matar dos pájaros de un tiro”. Por un lado, llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, pudiendo mantener la asistencia a los funcionarios en condiciones dignas para ellos y los facultativos/empresas privadas, que permitan ser sostenibles y viables en el tiempo. Y por otro, darse cuenta de la necesidad e importancia de nuestro sistema público de salud, dotándolo de los recursos necesarios y la gestión experta que necesita. ¿Utopía? Quizá

Creo que es de las pocas cosas en las que los ciudadanos lo tenemos muy claro y estamos de acuerdo. No estoy seguro de que los políticos opinen lo mismo o esa es la sensación que trasladan los grandes partidos, en su vertiente autonómica y/o nacional que, con sus acciones, distan de lo que sería adecuado para todos nosotros.

El aspecto económico es clave y es lo que puede hacer saltar por los aires el sistema sanitario, como hemos comentado. La gestión eficiente de los recursos escasos se debe aplicar convenientemente, sin olvidar que eso permitirá salvar vidas y mejorar la calidad de un sistema del que la mayoría estamos realmente orgullosos.