Madrid está sumida en una auténtica batalla campal, que irá aumentando a medida que se acerca el 4 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas, tal y como estaba previsto, reflejo de los comportamientos delictivos de alguno de los candidatos, así como la degeneración política en la que está sumido nuestro país.

Madrid, además de ser la capital de España, en este último año, se ha convertido en el bastión que defiende la libertad de las personas, la gestión económica sin dejar de lado la sanitaria y la regeneración política que necesita nuestro país. 

Desde hace años los madrileños son la envidia del resto de españoles, porque su carga fiscal es mucho menor y sus oportunidades laborales muchos mayores. Desde el Gobierno central de izquierdas siempre han querido eliminar sus privilegios fiscales, cuando lo que deberían hacer el resto de Gobiernos autonómicos es seguir sus pasos. 

La gran mayoría de los españoles no entienden el por qué de dicha discriminación, cuando nos beneficiaria a todos, nos haría realmente iguales ante la ley y la carta magna, sin que se viese amenazado el estado del bienestar. Las fugas de personas a vivir en Madrid o incluso fuera de España, según las circunstancias personales, están generando demasiadas situaciones irregulares, injustas y perjudiciales para los intereses del conjunto de los españoles.

Tras décadas de democracia y gestión económica, siempre se ha demostrado, que lo único que genera mejoras económicas, traducidas en empleo, crecimiento económico y mayor recaudación, es justo bajar los impuestos y que el Estado intervenga lo menos posible en la economía. Justo la dirección contraria a la que nos lleva el Gobierno del país y muchos Gobiernos regionales. Cuanto más produzcan, consuman y ahorren los españoles, más impuestos van a pagar. Se trata de pagar más porque la tarta es más grande, no de subir los impuestos a los que más tienen, porque llegarán un momento en el que dejen de tener o se marchen a otro sitio, además de desmotivar al resto, para evitar ser esquilmados y lapidados. 

Un sistema económico quebrado como el nuestro, sólo puede esperar un cambio radical, que adelgace y extermine las ineficiencias de gasto público, potencie el sector privado y la creación de riqueza, al tiempo que el Estado vele porque se cumplan las normas establecidas, que protejan la propiedad privada, la propiedad intelectual, los criterios de sostenibilidad y gobernanza etc… Cuando los representantes de lo público no son ejemplares, al tiempo que abusan de la ley para sus propios intereses, el futuro de los ciudadanos está realmente comprometido.

La lucha no es sólo contra la pandemia, sino también contra los que quieren vivir a costa del esfuerzo de los demás, utilizando para ello las debilidades del sistema legal y democrático de nuestro país, así como contra aquellos que les votan, con la esperanza de que sus vidas mejoren robando a los demás y no por su esfuerzo y logros personales. Este es el auténtico campo de batalla que se está librando en nuestro país.

Las declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, animando a subir impuestos a las empresas y personas que más tienen, ha recibido importantes críticas de quienes consideran que es una afirmación populista, que va en la dirección opuesta a la que el mundo necesita, al tiempo que se les recuerda a estos organismos internacionales, que deberían mirar más por ser eficientes en la gestión de los recursos económicos, que en buscar más de aquellos que mejor gestionan, y que gracias a ello tienen los recursos que con impuestos se les quieren mermar.

Desde Estados Unidos se está planteando un impuesto común para todas las empresas, algo que está recibiendo apoyos de muchos países, en aras a ir dando soluciones a los impuestos que pagan algunas grandes multinacionales, como Google, Facebook etc, que tanta controversia llevan años levantando.

En conclusión, el debate de los impuestos siempre está abierto, en estos momentos críticos más que nunca. El abuso de los que ostentan el poder aumentando los impuestos al pueblo, cuando llegan a ser confiscatorios y generan pobreza en la mayoría de los ciudadanos, siempre han terminado en revoluciones sociales, que acaban con los que ostentan el poder, se regenera la clase política y se empieza de nuevo.

Posiblemente vayamos en esa dirección, si los dirigentes políticos se centran más en lo que van a recaudar, que en ayudar a generar prosperidad para la gran mayoría de los ciudadanos. Si algo une a la gran mayoría de las personas, al margen de su ideología política, es que todas quiere vivir bien. El reto está en distinguir a los que quieren hacerlo trabajando honradamente y los que quieren hacerlo robando, bien sea atacando la propiedad privada, subiendo impuestos de forma confiscatoria o recibiendo ayudas inmerecidas. Como sociedad, debemos proteger a los primeros y eliminar a los segundos, porque de poco servirá que salvemos el planeta si se destruye el ser humano, por su egoísmo desproporcionado.