OpenAI desmiente que el bróker pueda hacerlo sin su aprobación. El Banco de Lituania, que supervisa la firma, ha pedido explicaciones a la compañía
La tokenización de activos es una de las grandes promesas financieras del blockchain, la tecnología sobre la que se basan las criptodivisas y que ha terminado, en parte, opacada por la efervescencia de estos productos. Consiste en digitalizar instrumentos financieros —acciones, bonos o participaciones en fondos— cuya propiedad queda representada en tokens que se pueden comprar, vender y registrar dentro de la cadena de bloques, como ocurre con el bitcoin. En Europa y en Wall Street bancos, brókeres, gestoras de fondos y las propias Bolsas están experimentando aplicar estos sistemas a su negocio. Y, al calor de la tecnología, surgen también iniciativas dirigidas al público masivo.
El pasado 30 de junio, el bróker estadounidense de bajo coste Robinhood anunció que iba a ofrecer supuestas acciones tokenizadas de OpenAI y SpaceX, dos empresas privadas que no cotizan en Bolsa, a inversores minoristas en Europa. Este anuncio desató una controversia, especialmente con OpenAI, que ha llegado a los reguladores: el Banco de Lituania, país donde está registrada la empresa y donde ha obtenido la licencia MiCA para operar en Europa, ha pedido explicaciones a la firma.
Las acciones de Robinhood repuntaron un 13% después del anuncio, hasta los 97,98 dólares, su máximo histórico. Pero tan solo dos días después, OpenAI publicó un escueto tweet en el que aseguraba que esos tokens no son acciones de la empresa. “No colaboramos con Robinhood, no participamos en esto y no lo respaldamos. Cualquier transferencia de acciones de OpenAI requiere nuestra aprobación; y no hemos aprobado ninguna. Por favor, tengan cuidado”, publicaron en X. La respuesta de la empresa de Sam Altman (que no ha vuelto a hacer comentarios) enfrió la euforia: los títulos de Robinhood caen desde ese día un 7%. Cristina Carrascosa, abogada financiera y CEO de ATH21, explica que, de momento y con la normativa vigente en España, una empresa no puede tokenizar las acciones de otra sin su consentimiento.
Ante las críticas, la compañía se vio obligada a puntualizar su oferta. El director ejecutivo, Vlad Tenev, reconoció que los tokens ofrecidos “no son técnicamente acciones” —es decir, participaciones reales en esas empresas—, pero “dan a los inversores minoristas exposición a estos activos privados”. La compañía justificó que están respaldados por una sociedad vehículo (SPV) propiedad de Robinhood, que posee las acciones reales de OpenAI y SpaceX. Es decir, es un token que les da derechos sobre este vehículo, pero no sobre las empresas. Compran el derecho a beneficiarse —o perder— con las subidas y bajadas del precio del token, que sobre el papel deberían estar ligadas a la valoración de las empresas, derivada de operaciones privadas. El fabricante de cohetes espaciales y satélites controlado por Elon Musk, por ejemplo, apunta a una valoración de 400.000 millones de dólares (unos 341.000 millones de euros) fruto de una nueva captación de fondos.
“No se trata de una tokenización directa, sino de algo menos sofisticado, como la comercialización de una posición dentro de un SPV que tiene exposición a las acciones de OpenAI. Es una operación muy arriesgada y, aunque puede hacerse, la comercialización de dicho instrumento ha resultado muy confusa, posiblemente por la voluntad de lanzar el mensaje de que el usuario podía ser propietario de acciones de OpenAI, algo que no era cierto”, alerta Carrascosa. Los analistas de Bernstein aclaran que estas acciones “no son canjeables ni transferibles”, a menos que Robinhood habilite esa funcionalidad (lo cual queda a su discreción).
La controversia escaló y alarmó a los reguladores. El Banco de Lituania confirma a CincoDías que se ha puesto en contacto con Robinhood en relación con los tokens de OpenAI y SpaceX y la información proporcionada a los clientes: “Actualmente estamos a la espera de explicaciones y las evaluaremos”, confirman. Por su parte, la ESMA explica a este periódico que no tiene competencias de supervisión directa sobre la entidad o el producto que ofrece. “No obstante, estamos al tanto de esta práctica y podríamos analizarla en el futuro”, añade.
Robinhood ha vuelto, una vez más, a estar en el foco mediático y regulatorio. Nació con el fin de “democratizar la inversión”, permitiendo a sus usuarios realizar inversiones bursátiles sin comisiones, combinando trading y gamificación. Con el tiempo se convirtió en la plataforma de acciones meme por excelencia, la favorita entre miles de inversores que en 2020 y 2021 se lanzaron en masa, alimentados por las redes sociales, a comprar acciones de empresas con una situación financiera complicada y en la mira de los inversores en corto, como GameStop o Tupperware.
Este auge se convirtió en un arma de doble filo para el bróker, que en 2021 detuvo la compra de acciones de algunas de estas empresas en pleno frenesí bursátil. La compañía tuvo que enfrentarse a la ira de los inversores y a una sanción de 70 millones de dólares por parte de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra), por los perjuicios causados por la limitación de operaciones.
No fue la primera vez que tuvo que pagar por su mala praxis. En diciembre de 2020, acordó el pago de 65 millones ante la SEC por incurrir en prácticas engañosas y perjudicar a sus clientes con su modelo de negocio: cuando un usuario compra una opción en Robinhood, de hecho, la empresa envía estas órdenes a los market makers, unos grandes inversores, para que las ejecuten. A cambio, estos actores le pagan una comisión por cada orden enviada. Robinhood no reveló la recepción de estos pagos: y para la SEC, la compañía se benefició al completar operaciones a precios que no eran óptimos para sus usuarios. Además, el pasado marzo, dos unidades de la empresa acordaron pagar 26 millones de dólares para resolver las acusaciones del regulador sobre posibles conductas indebidas y por no verificar la identidad de miles de clientes.