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Miércoles, 30 de Septiembre de 2020

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JPM

El Covid agrava la morosidad empresarial

Casi el 60% de las empresas denuncia retrasos en el cobro de sus facturas desde marzo.

El Covid agrava la morosidad empresarial

Pese a los cambios normativos aprobados hace ya una década para hacer cumplir los plazos de pago, la morosidad sigue siendo una de las grandes rémoras del tejido empresarial. Un lastre que el tsunami del coronavirus no ha hecho más que empeorar. El 58% de las empresas denuncia que el cobro de sus facturas se ha visto demorado desde marzo, cuando se decretó el estado de alarma, según una encuesta realizada por la firma Informa D&B en el marco de su último estudio sobre el comportamiento de pago empresarial. Para los empresarios españoles llueve sobre mojado, ya que este empeoramiento de los plazos por el Covid se produce después de tres años de subidas, en una tendencia que se inició en 2017 y que se mantuvo en 2019, año que concluyó con un incremento de los retrasos de 2,5 días, hasta un promedio de 90,63 días. Los efectos de esta demora no son, ni mucho menos, inocuos. El documento estima que los retrasos de las empresas suponen un coste directo para el tejido empresarial de 1.728 millones solo en los tres últimos meses del año.

La crisis del coronavirus, de la que nadie es capaz de predecir el final, ha disparado la preocupación de los empresarios por la situación económica. Si el año pasado un 29% de las empresas decían sentirse inquietas por la evolución de la economía, este porcentaje se ha catapultado ahora hasta el 66%. Asimismo, si en 2019 la segunda mayor preocupación de los empresarios era captar nuevos clientes, este año lo es la morosidad, desvelo que manifiesta el 20% de los encuestados. La crisis del Covid también ha alterado las causas de los retrasos, o al menos la percepción que los empresarios tienen de ello. El año pasado, el 38% de las empresas consideraba que la primera causa de la demora era financiera, un 29% lo atribuía a problemas administrativos y el 23% sospechaba que era una dilación intencionada. Este año, el porcentaje que cree que los retrasos son intencionados se ha elevado al 37%, mientras que el 32% aduce problemas financieros y el 28%, cuestiones administrativas.

Tras la mejoría registrada entre 2015 y 2016, el análisis constata que los pagos puntuales han ido disminuyendo en los últimos años, bajando del 55% a finales de 2017 al 47% al cierre de 2019, mientras que los pagos a más de 90 días se han incrementado más del 4%. En este contexto, el 61% de los encuestados asegura haber sufrido impagados a lo largo de los últimos doce meses, lo que representa un salto de seis puntos respecto al año pasado, cuando la cifra era del 55%. Los estragos del Covid-19 elevarán, previsiblemente, estos porcentajes, agravando la situación financiera de las compañías. Ya a finales de 2019, más del 50% de las empresas mostraba "un riesgo alto o medio alto de impagados".

Por comunidades, la que menor retraso presenta es Navarra, con 9,86 días de media, y la que peor, Ceuta con 25,98. Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Galicia, País Vasco y Castilla y León presentan una mayor proporción de pagos puntuales, todas superan el 50 %. En el lado opuesto Madrid, con un 40 % de cumplimiento, y Ceuta y Canarias, ambas en torno al 35%.

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