Hace 30 años que sabemos que el sistema de pensiones español es insostenible. El enorme coste político que tiene una reforma de calado, que lo transforme en viable, es lo que está provocando que todos los gobiernos parcheen medidas, que lejos de solucionarlo, lo van acercando aún más al abismo.

Todos los economistas, independientemente de su ideología, coinciden en la alarmante situación de un sistema cada vez más deficitario para las cuentas públicas españolas, que se ha visto agravado por la pandemia y el aumento de las jubilaciones anticipadas de las grandes empresas. A esta realidad, se le suman las anteriores, que son el envejecimiento de la población, la falta de trabajos cualificados y un paro estructural que daña seriamente el sistema de previsión social.

La gravedad de la situación es compartida por todos las actores e incluso desde Bruselas ya se están tomando cartas en el asunto, desde el momento en el que la reforma del sistema de pensiones es uno de los requisitos para no tener que devolver los fondos de recuperación que empiezan a llegar este mes. Ante esa premura, el Gobierno se ha apresurado a sacar adelante una reforma, que por descafeinada, puede que no sea aceptada por Bruselas. Todo va a depender de lo serios y exigentes que se pongan con el asunto.

Las medidas más polémicas están en la revisión anual de las pensiones y en la entrada en vigor del llamado factor de sostenibilidad. La revisión que pretende el Gobierno es la que más les gusta a todos los pensionistas, pero la que resulta inviable, sin dañar el déficit, que es subirlas en función del IPC anual, cuanto este sea positivo y en los años negativos, dejarlas sin subir.

Por supuesto que no subirlas al nivel del IPC anual es hacer que vayan perdiendo poder adquisitivo gradualmente, lo que se debería evitar a toda costa, pero el problema está en que los gastos son insostenible, porque las cuentas públicas no pueden seguir aumentando su déficit, sin poner en riesgo la solvencia del país.

El factor de sostenibilidad, que habla de establecer la pensión en base a la esperanza de vida media en nuestro país y de los recursos disponibles, conllevaría también pensiones más bajas para los nuevo jubilados, en comparación con las de los jubilados en años anteriores. El enorme coste político que ello supondría, está llevando a los Gobiernos a retrasar su entrada en vigor. El Gobierno actual pretende retrasarlo hasta 2027.

La reforma pretende retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, también para 2027 y para ello va a establecer medidas de penalización a las jubilaciones anticipadas y medidas de incentivo, para los que la retrasen más allá de los 67 años. Las penalizaciones vendrán en forma de menores prestaciones y los incentivos, de mayores prestaciones  por cada año que se retrase, así como por menores cotizaciones, a partir de los 62 años, llegando a cotización cero, a partir de los 65 años.

El incentivo por cada año que se retrase la edad de jubilación, se recibiría un 4% más de la pensión que correspondiese.

Desde la OCDE consideran que si España no hace una reforma profunda del sistema de pensiones, la deuda pública se podría ir en 2025 al 171% del PIB, lo que está fuera totalmente de las exigencias de Bruselas, respecto al plan de reducción de deuda y por tanto de sostenibilidad de las cuentas públicas.

Ante este complejo panorama, lo que nadie va a poder evitar, es lo que ya saben los ciudadanos desde hace décadas, que es que deberán trabajar más años, pagar más seguridad social y recibir una pensión menor. Si a esto le añadimos el aumento de la carga fiscal para los ciudadanos y las empresas, debemos prepararnos para recordar como prosperó nuestro país desde que llegó la democracia.

La gran mayoría de los ciudadanos van a tener que recordar lo que es la economía de guerra, que es la gestión eficiente de sus recursos individuales, con racionamientos en gastos comunes, para evitar llegar a no tener ni lo imprescindible para vivir.

La formación continua y el trabajo productivo, serán imprescindibles para poder aspirar a conseguir retribuciones que permitan hacer frente a los impuestos, los costes sociales y gastos personales, además de generar ahorro para complementar las pensiones, que a todas luces, no van a poder mantener el nivel que tengan los trabajadores en su etapa activa.

La planificación patrimonial, junto con la educación financiera, también serán imprescindibles. Todo lo necesario requiere un cambio de mentalidad y hábitos, que deben haber empezado desde hace años o no dejarlo pasar ni un momento más, si se quieren tener garantías de libertad económica y prosperidad individual.